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El Gobierno español ha aprobado el Decreto Ley por el que los ‘riders’ dejarán de ser considerados autónomos y pasarán a formar parte del personal contratado de las empresas de reparto.
Se trata de una medida que llega en mitad de múltiples críticas, tanto desde el lado de las empresas, que se han opuesto a la medida, como desde los sindicatos, que denuncian que el texto ha tardado dos meses en llegar al Consejo de Ministros desde que fue acordado en la mesa de diálogo social.
La intención del decreto es reconocer la presunción de laboralidad “de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.
Es decir, todas las personas que hasta el momento se habían hecho cargo de los repartos, en su mayoría en bicicleta, pasan a ser reconocidos como trabajadores asalariados. Y la empresa pasar a ser considerada la responsable de todo el proceso, esencialmente por ser la encargada de manejas las plataformas donde se hacen dichos pedidos.
Junto con eso, también se contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
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