29. Març 2024

Arxius de Gobierno | Diari La República Checa

REDACCIÓ6 Febrer, 2023
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La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha editado una guía técnica con el sistema de señalización que deberán utilizar las Administraciones Públicas de nuestro país para avisar a la población sobre las rutas seguras de evacuación en caso de maremoto. La necesidad de establecer un sistema de señalización común es una de las primeras iniciativas adoptadas para la implantación del Plan Estatal de Maremotos aprobado en 2021.

El Plan de Señalización desarrollado para el Sistema Nacional de Protección Civil sigue el modelo contenido en la norma UNE-EN ISO 7010:2020, el más utilizado internacionalmente, con el objetivo de que los ciudadanos de cualquier país puedan identificar fácilmente las vías de evacuación y las zonas seguras.

Esta guía técnica de información a la población, que cuenta con el informe favorable del Consejo Nacional de Protección Civil, establece una señalización homogénea para todo el territorio nacional.

Su implantación correrá a cargo de la Administración competente en cada territorio y deberá aparecer en las lenguas oficiales de cada Comunidad, además de recomendarse la utilización de una versión en inglés o en cualquier otro idioma mayoritario entre la población residente.

Además, el Plan de Señalización establece una serie de criterios que deberán tener en cuenta las Administraciones Públicas para su implantación como su ubicación más adecuada, una óptima visibilidad y buena accesibilidad.

El riesgo de maremotos en España
Todo el litoral español está expuesto al riesgo de maremotos, pero especialmente vulnerables son las comunidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. Estas Comunidades y Ciudades Autónomas suman un total de 6.846 km de costa, el 86,49% de los 7.905 km totales.

España dispone de un Plan Estatal de Maremotos desde mayo de 2021 y el desarrollo de este sistema de señalización común es una de las primeras iniciativas adoptadas para su implantación. La planificación ante este riesgo se complementa con los Planes que aprueban las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Sistemas de alertas
El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, que se integra en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), crea un sistema de anticipación y alerta temprana que permite avisar de la inminencia de este tipo de emergencias tanto a las autoridades de protección civil y a los servicios públicos de emergencia como a los ciudadanos para que puedan poner en práctica protocolos de autoprotección, con especial atención a las personas más vulnerables.

El Sistema Nacional de Alerta por Maremotos (SINAM) es un sistema único y coordinado capaz de detectar precozmente la generación de maremotos que puedan afectar a las costas españolas y transmitir, en el tiempo más corto posible, la información a los órganos competentes en materia de Protección Civil de los ámbitos territoriales potencialmente afectados.

El SINAM se nutre de la información recopilada por la Red Sísmica Nacional; la red de mareógrafos REDMAR de Puertos del Estado; los sistemas de detección del Instituto Español de Oceanografía, así como los demás sistemas de detección marina de las distintas administraciones públicas y de otros centros internacionales.

Además, en la actualidad también puede ser utilizado el sistema de alertas a dispositivos móviles, ES-Alert, mediante el cual los Centros de Emergencia del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden enviar mensajes de alerta en situaciones graves directamente a los teléfonos móviles que se encuentren en las áreas previamente identificadas.

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REDACCIÓ8 Juny, 2022
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El Gobierno le declara la guerra al desperdicio alimentario. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que se prevé que entre en vigor el de enero de 2023 y cuyo objetivo pasa por reducir el desecho de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, con sanción de 2.000 euros. Es lo que se conoce como las ‘doggy bags’, la expresión eufemística para referirse a llevarse la comida sobrante, que surgió en Estados Unidos.

“Es un instrumento jurídico pionero para prevenir una ineficiencia en la cadena alimentaria”, ha destacado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha cuantificado en 31 kilos de alimentos por habitante la pérdida producida anualmente en nuestro país, lo que supone unos 250 euros de perjuicio económico por persona.

Planas ha afirmado que solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE y ha destacado que uno de los objetivos de la norma es concienciar, porque el 40% de la pérdida se produce en las tiendas y en los hogares y otro 20% en la cadena alimentaria. El ministro competente ha asegurado que la intención es “concienciar”, pero habrá sanciones para las empresas que incumplan el articulado: las multas serán de hasta 2.000 euros si no se donan los productos no vendidos, de hasta 60.000 euros si las empresas de la cadena no cuentan con un plan de prevención y de hasta medio millón de euros si una entidad comete dos faltas graves en un plazo de dos años.

El proyecto legal también incluye medidas para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo ya que todas deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico desde el que adoptar medidas para minimizar las pérdidas, que en 2020 alcanzaron los 1.300 millones de kilos de alimento en los hogares, una media de 31 kilos por persona.

Donación de alimentos
Las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos.

Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.

Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.

Fruta en zumo o mermelada
Por otro lado, el proyecto de ley contempla la transformación de alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas en otros como zumos o mermeladas y los que ya no sean aptos para consumo humano

Planas ha señalado que cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.

El ministro ha asegurado que los consumidores tendrán “derecho” a que las empresas hosteleras les faciliten las sobras que no hayan comido, sin coste adicional alguno, excepto en los establecimientos de bufé libre, y para ello, estos deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.

Otra de las medidas pasa por que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta productos “feos, imperfectos o poco estéticos; promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos e incentiven la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, según la jerarquía de prioridades de uso.

El ministro ha añadido que el Gobierno adoptará políticas para adecuar fechas de consumo preferente a la prevención de desperdicio con acciones de formación y divulgación e incentivará que la cadena alimentaria ajuste las fechas de consumo preferente de sus productos hasta el máximo que garantice una adecuada calidad.

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REDACCIÓ16 Novembre, 2021

El Gobierno español ha escenificado el acuerdo de las cotizaciones mediante un almuerzo con los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. El acto, llevado a cabo en Moncloa, ha contado con el presidente, Pedro Sánchez, las 3 vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, así como las ministras de Hacienda e Industria, María Jesús Montero y Reyes Maroto. En la comida también ha sido partícipe el titular de Seguridad Social, José Luís Escrivá. 

La patronal no ha estado presente, ya que se ha desmarcado del acuerdo para aumentar las cotizaciones un 0,6%, garantizando así el sistema de pensiones.

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REDACCIÓ13 Octubre, 2021

Els PGE deixaran una inversió menor a TGN

El projecte de pressupostos generals de l’Estat (PGE) del 2022 que el govern espanyol ha presentat aquest dimecres inclou 280,5 milions en inversions per la demarcació de Tarragona.

La xifra és un 31,7% inferior a la prevista per enguany, que era de 411,2 milions. Els principals projectes són els mateixos dels darrers anys. La línia Vandellòs – València d’alta velocitat, amb una partida de 70,1 milions, les obres de l’A-27 entre Valls i Montblanc (23,4 milions) i el corredor mediterrani entre Vila-seca i Castellbisbal (18,8 milions).

També destaquen els 41,2 milions previstos per a diferents obres al Port de Tarragona i els sistemes d’emmagatzematge per a les centrals nuclears d’Ascó (7,3 milions) i Vandellòs (2,8 milions).

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REDACCIÓ2 Juny, 2021
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Este martes 1 de junio se ha abierto el plazo para que los autónomos soliciten las nuevas ayudas por cese de actividad. Unas ayudas que cubrirán a los trabajadores por cuenta propia hasta el día 30 de septiembre. Pero además de ampliar la duración de las prestaciones, se ha incluido una nueva modalidad para aquellos que vayan a ingresar bajas cantidades de dinero durante el verano y para los que quieran reactivarse.

Para tener acceso a esta quinta extensión de las ayudas, los autónomos, como norma general, deberán pedir la prestación que corresponda a su mutua colaboradora. Pese a que se trata de una ampliación de las ayudas, los autónomos verán que estas están sujetas a nuevas condiciones y por esa razón deberán solicitarlas de nuevo.

Cobrar la POECATA
Aquellos autónomos que hasta el 31 de mayo de 2021 recibiesen alguna prestación por cese de actividad, estarán exentos del pago de las cuotas de autónomos en las siguientes cantidades: el mes de junio un 90%, en julio un 75%, en agosto un 50% y en septiembre un 25%. Unas exenciones que suponen una ayuda por sí mismas y que el autónomo no tendrá que solicitar, sino que la Seguridad Social las aplicará directamente.

Compatibilidad
A partir de este martes, los trabajadores por cuenta propia que mantengan periodo contributivo podrán acceder hasta el próximo mes de semptiebre a la ayuda compatible con la actividad. Este cese de actividad supondrá el 70% de la base de cotización de autónomo, es decir, una suma de 661 euros si la persona cotiza por la base mínima.

Esta cifra bajaría al 50% en caso de que el autónomo cuente también con un trabajo por cuenta ajena, puesto que la mayoría de solicitantes habrán agotado el periodo contributivo.

Para poder solicitar esta prestación se exigen dos condiciones: se debe acreditar en el segundo y el tercer trimestre del año una reducción de más del 50% de los ingresos computables de la actividad por cuenta propia y no haber haber superado los 7.980 euros computables. Además, no deben de haber agotado los plazos de prestación.

No acceder a la POECATA
Los trabajadores por cuenta propia que a fecha de 31 de mayo estuviesen percibiendo una de las prestaciones de cese de actividad podrán solicitar ahora la de cese de actividad extraordinaria.

Esta ayuda permitirá solicitudes de quienes además de no tener acceso a la POECATA hayan estado dados de alta en autónomos a fecha del 1 de abril o no superen los 6.650 euros en rendimientos netos fiscalmente computables en el segundo y tercer trimestre del año.

Con esta ayuda podrán recibir una cantidad igual al 50% de la base mínima de cotización, es decir, de 460 euros al mes.

Suspensión actividad
Todos los autónomos que se viesen obligados a no realizar sus actividades a causa de la pandemia podrán acceder a esta prestación. Además, para poder solicitar esta prórroga no deben tener deudas con Hacienda ni la Seguridad Social y tienen que estar afiliados al RETA desde hace más de 30 días.

Con esta prestación cobrarían 661 euros mensuales, puesto que la cuantía sería del 70% de la base mínima.

Prórroga de la prestación extraordinaria
Para poder solicitar esta prestación, los autónomos tienen que haber estado dados de alta en este régimen de la Seguridad Social durante mínimo 4 meses y como máximo 7 en 2018 y 2019. Por otro lado, tampoco podrán haber estado dados de alta por cuenta ajena más de 120 días cada uno de esos años. Y, finalmente, no pueden haber ganado más de 6.650 euros en el segundo y tercer trimestre de 2021. En caso de cumplir los requisitos podrían recibir esta prestación de 460 euros al mes.

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REDACCIÓ13 Maig, 2021
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El Gobierno español ha aprobado el Decreto Ley por el que los ‘riders’ dejarán de ser considerados autónomos y pasarán a formar parte del personal contratado de las empresas de reparto.

Se trata de una medida que llega en mitad de múltiples críticas, tanto desde el lado de las empresas, que se han opuesto a la medida, como desde los sindicatos, que denuncian que el texto ha tardado dos meses en llegar al Consejo de Ministros desde que fue acordado en la mesa de diálogo social.

La intención del decreto es reconocer la presunción de laboralidad “de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.

Es decir, todas las personas que hasta el momento se habían hecho cargo de los repartos, en su mayoría en bicicleta, pasan a ser reconocidos como trabajadores asalariados. Y la empresa pasar a ser considerada la responsable de todo el proceso, esencialmente por ser la encargada de manejas las plataformas donde se hacen dichos pedidos.

Junto con eso, también se contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

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REDACCIÓ8 Abril, 2021

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous que els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) continuaran a partir del 31 de maig “en una fórmula similar a l’actual”.

La ministra Yolanda Díaz

Així ho ha assenyalat la titular de Treball en la clausura dels VII Premis Cepime, on ha apuntat que “ben aviat” s’obrirà la negociació en el si de la comissió tripartida.

“Els assalariats de pimes han estat els principals beneficiaris dels ERTO, un mecanisme contrastat en la seva utilitat i que ha de seguir exercint la seva protecció”, ha postil·lat Díaz.

La ministra ha ressaltat que un dels grans èxits dels ERTO ha estat que les petites i mitjanes empreses i els autònoms hagin pogut acollir, per primera vegada, “a aquest sistema de protecció de l’ocupació i de les empreses, democratitzant un mecanisme que fins ara s’havia reservat a les grans empreses”.

Díaz ha realçat la resposta del Govern per fer front a la pandèmia, “que ha permès variar el comportament habitual davant la crisi”. “Mentre en l’anterior crisi financera 402.203 autònoms van haver de tancar els seus negocis, en l’actualitat no només s’ha mantingut l’ocupació autònoma, sinó que aquest ha augmentat en 19.604 persones”, ha remarcat.

“Però sou molt més que el teixit empresarial preponderant”, ha ressaltat la vicepresidenta, que ha afirmat que les pimes estan compromeses amb la qualitat, amb l’ocupació, amb la internacionalització, amb la innovació, la inclusió o la sostenibilitat”.

Segons Díaz, les pimes representen “una filosofia de superació, responsabilitat i de solidaritat que contribueix, sens dubte, a la millora de l’ecosistema social” espanyol. Així, ha aprofitat per agrair a les seves empreses la seva tasca d'”estímul i resistència, malgrat les restriccions i als mals moments”. “Gràcies per creure que es podia fer i que valia la pena fer-ho”, ha apuntat.

La vicepresidenta ha traslladat a les companyies que les té “molt presents” en les estratègies per a la recuperació i transformació de país després de la crisi sanitària, però també en la nova estratègia espanyola de suport actiu a l’ocupació, “que desplega unes polítiques actives aliades de les empreses, amb serveis específics per a pimes, orientades a les seves necessitats en matèria d’ocupació, de formació i de millora de la productivitat i transformació productiva”.

“Acompanyarem la recuperació amb condicions de treball millors i anirem de la mà, no ho dubtin, de les petites i mitjanes empreses”, segons Díaz

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REDACCIÓ24 Setembre, 2020
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Con el eslogan «Insomnio: Nos habéis quitado el sueño», este miércoles , a partir de las 19.00 horas, el sector del ocio nocturno comenzará su encierro en bares y discotecas de toda España para protestar por la falta de garantías y ayudas que les ha brindado los gobiernos nacional y autonómico.

Empresarios, disc-jockeys, camareros y camareras, relaciones públicas, animadores y animadoras, directores y directoras de sala, exigen al Gobierno la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) y un plan de rescate que evite la quiebra de unos 17.000 negocios en riesgo de desaparición, según la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), y la consecuente destrucción de hasta 90.000 empleos vinculados a esta actividad.

«El objetivo no es otro que el de denunciar la pésima gestión política del Gobierno de España sobre los la ampliación de los ERTE y su resistencia a abordar un plan de rescate para garantizar la supervivencia económica de las pymes, los trabajadores y la economía de un sector duramente e injustamente castigado con el cierre de su actividad», ha señalado la federación. Los datos que maneja la patronal España de Noche confirman el desasosiego de sus profesionales porque el 24,95 % de los locales ya han cerrado a día de hoy (un total de 6.237). Y eso no es nada porque los empresarios calculan que se podrían arruinar hasta el 69,29 % de las pymes del sector del ocio y los espectáculos. En otras palabras: de las 25.000 empresas que existían antes de la pandemia, solo quedarán en pie 7.678.

Cristian Compte – Discoteca Tòtem de Tarragona


REDACCIÓ17 Setembre, 2020
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Un 10,4% de jóvenes menores de 24 años extutelados o en riesgo de exclusión social vive en la calle o en situación de alta precariedad, casi la mitad de ellos (45%) en Madrid.

Los adolescentes y jóvenes migrantes tendrán más dificultades para obtener el permiso de residencia
Más de 100.000 familias catalanas han recibido ayuda humanitaria de la Cruz Roja durante la crisis, según un informe de Cruz Roja Española.

El estudio, titulado ‘Personas Jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social‘, se ha elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III y se basa en el análisis de encuestas y grupos focales de más de 400 personas jóvenes atendidas por Cruz Roja y 200 personas técnicas y voluntarias de la organización.

En concreto, el 45% de los jóvenes encuestados sin hogar reside en la provincia de Madrid y el 11% en Granada. Por detrás, se sitúan Valencia, Huelva, y Córdoba, con un 7%. El 93% son chicos y casi 9 de cada 10 son de origen extranjero, en su mayoría de Marruecos (73%). Con respecto a su edad, el 51,2% tiene 18 años y un 26,6%, entre 19 y 20 años.

Por otro lado, el documento también revela que un 84% de todos los jóvenes extutelados atendidos por Cruz Roja Española se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. En concreto, el 81,5% están en paro y la mitad tiene unos ingresos inferiores a 600 euros al mes. Además, más de 8 de cada 10 no reciben ninguna prestación o subsidio y el 56% no ha terminado sus estudios.

En cuanto a la situación administrativa de los jóvenes extranjeros, el 44,2% tiene su NIE en vigor, el 22,3% tiene permiso de residencia pero no trabajo, por lo que podría llegar a perderlo, y el 1,7% tiene permiso de residencia y trabajo.

De los datos también se desprende que más del 50% vive en pisos compartidos, donde han aprendido a autogestionarse y desarrollar conductas de convivencia.

Además, el informe muestra que el 31% son españoles y el 66% extranjeros extracomunitarios; y un 10% ha tenido problemas con la justicia antes de los 18 años. En cuanto a su estado emocional, el 53% indica no estar ansioso ni deprimido y el 65% se siente razonablemente feliz dadas las circunstancias.

“Son personas que con 18 años se  en obligadas por circunstancias familiares o personales a emanciparse, es una realidad muy compleja de alta vulnerabilidad de la que hay mucha desinformación”, ha precisado el coordinador general de Cruz Roja, Toni Bruel, este jueves durante la presentación del boletín.

Si entre la población española en general, la edad media de emancipación son los 29 años, en el caso de estos chicos es de 18 años, una diferencia de 11 años.

Las principales barreras que ven estos chicos y chicas son: la falta de empleo y de oportunidades, la carencia de recursos económicos y los problemas de vivienda, la falta de apoyo en momentos duros, la discriminación y el racismo, y las dificultades para mantener el permiso de residencia.

Además, Cruz Roja ha advertido de que la crisis del Covid-19 ha afectado “de forma sustancial” a estos jóvenes, a su inserción social y laboral, agravando su vulnerabilidad.

Ente estos jóvenes se encuentra Mamadou, de Guinea Conakry, que a sus 19 años ha pasado por un largo recorrido para llegar a España: semanas viviendo en la calle en Mali y Argelia, siete meses en la cárcel en Libia y un trayecto con otras 60 personas en una patera durante tres días.

“Mi primer sueño es tener trabajo para ganar el permiso de residencia y en segundo lugar formar mi familia”, ha explicado Mamadou.

Por su parte, Sheila, de 20 años, ha vivido dos años en un piso de emancipación de Cruz Roja. “He recibido todo tipo de apoyo con el que me he podido emancipar a día de hoy”, ha asegurado la joven, que ahora cursa un grado de enfermería para “poder llegar a más personas”.

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REDACCIÓ16 Juny, 2020

El Gobierno quiere reactivar el sector

El Gobierno quiere incentivar la compra de vehículos y dar un empujón a la industria de la automoción. Para ello tiene previsto poner en marcha un plan, que ha sido presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se dará 4.000 euros por comprar un coche con cero emisión y hasta 800 euros por uno de combustión.

Así se recoge en el borrador del Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, con una dotación presupuestaria de 3.750 millones de euros, y que previsiblemente será aprobado mañana durante el Consejo de Ministros ordinario.

Las ayudas pueden llegar a los 4.000 €

Dentro de la partida presupuestaria total se incluye una dotación de 250 millones de euros para un programa de renovación del parque automovilístico español, que estará gestionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por lo que en un primer tramo se destinarán 230 millones de euros a renovar el parque de turismos y vehículos comerciales, mientras que se reservarán 20 millones de euros para fomentar la adquisición de vehículos industriales y autobuses.

Los 230 millones de euros se repartirán “siguiendo el criterio de neutralidad tecnológica y siempre que se achatarre un turismo de al menos diez años de antigüedad y de siete años, en caso de ser un vehículo comercial”, se ha anunciado. Dichos modelos tendrán que tener en vigor la ITV y el titular debe ser el beneficiario de la ayuda o un familiar de primer grado.

El precio de los turismos no podrá superar los 35.000 euros si se quieren recibir las ayudas, una cifra que se eleva a 45.000 euros en el caso de personas con movilidad reducida o que se compren coches con etiqueta ‘Cero’.