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Aunque el ministro Illa desea no haber de decretar el confinamiento domiciliario, el Ejecutivo trabaja en esa vía y las comunidades, llegado el caso, podrían mantener abiertos los colegios y decidir hasta dónde llega la actividad imprescindible
La consigna oficial del Gobierno es la de no adelantar acontecimientos; evitar las comparaciones con las duras medidas dictadas en Francia, Alemania o Italia; y esperar a ver qué ocurre en los próximos días con los indicadores de la pandemia.
Pero en Moncloa, en realidad, no tienen claro que el aislamiento de las comunidades y municipios y los toques de queda sean suficientes. Es más, sus técnicos trabajan desde principios de esta semana en un ‘plan b’ para el supuesto de que no se pueda frenar la expansión del virus en las próximas dos semanas. Los servicios jurídicos del Estado apenas acabaron de redactar el decreto del estado de alarma del domingo, se pusieron a perfilar otro borrador de una posible nueva orden para otro estado de alarma que permitiría, llegado el caso, a las comunidades llegar hasta el temido confinamiento domiciliario.
Pero el proyecto del Ejecutivo tendría importantes matices con respecto al decreto que el pasado marzo ordenó en encierro en casa. El Gobierno, según revelan algunos de los técnicos que trabajan en ese borrador, no tiene previsto -al menos por el momento- volver a asumir el ‘mando único’, aunque la situación epidemiológica en esta segunda ola se agrave. De acuerdo con estas fuentes, las comunidades, como viene ocurriendo desde el fin de la desescalada el 22 de junio, seguirán siendo las «autoridades delegadas», aunque bajo el paraguas de que sería cuarto estado de alarma decretado por el Ejecutivo central.
Por lo tanto, serían los gobiernos autonómicos los que, si llega a entrar en vigor este nuevo decreto, decidan si hacen uso de este nuevo marco normativo y hasta dónde. Y es que la idea del Ejecutivo es dar un «nuevo instrumento» con el que las autonomías puedan superar los actuales confinamientos perimetrales y toques de queda, pero de forma «gradual», hasta poder llegar, si lo vieran necesario, a las cuarentenas en las viviendas. En cualquier caso, lo que se rechaza es una orden nacional de confinamiento como de la marzo porque la incidencia sigue siendo muy dispar en el territorio nacional.
Los técnicos de Sanidad y los expertos jurídicos del Gobierno piensan sobre todo en una marco jurídico «flexible» y «a la carta» en el que las propias autonomías, en función de su evolución, puedan decidir desde aplicar las medidas mínimas comunes (entre las que se estudia que sigan vigentes los toques de quedas o los confinamientos ‘menores’), pasando por los actuales aislamientos perimetrales autonómicos, hasta llegar a las restricciones más duras como el encierro domiciliario y otros escenarios de «restricciones generalizadas de la libre circulación».
Otra de las grandes diferencias con el estado de alarma de marzo sería que las comunidades podría mantener abiertos los centros educativos ante la evidencia de que la transmisión en estas instalaciones sigue siendo muy baja. Además, cada autoridad autonómica tendría cierto margen para definir cuáles son las actividades imprescindibles que quedarían fuera del confinamiento generalizado en su región.
La idea de Moncloa y Sanidad es que este borrador esté listo antes del fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Esa es la fecha máxima que el Gobierno se ha fijado para comprobar los efectos de las medidas que las comunidades han empezado a implementar bajo el paraguas del estado de alarma aprobado el pasado domingo por el Consejo de Ministros. En el Ministerio de Sanidad no se llaman a engaño a pesar del optimismo mostrado ayer por Illa. Pocos son los expertos que esperan que los confinamientos perimetrales de las comunidades tengan efectos «importantes» en la «reducción» de la transmisión.
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