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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. El Supremo ha ratificado la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28 de abril.
Tal y como establece la Ley de Presidencia, una vez sea efectiva la inhabilitación, se inicia un plazo de 10 días para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, inicie una ronda de contactos con los grupos para proponer un nuevo candidato para sustituir a Torra. En caso de que no haya candidato posible, el Parlament deberá convocar un pleno para comunicarlo, lo que equivaldría a una investidura fallida y pondría en marcha el plazo de dos meses para la convocatoria automática de elecciones.
En cualquier caso, según recoge la ley de la presidencia de la Generalitat, el vicepresidente del Govern, en este caso Pere Aragonés, será quien sustituya a Torra, aunque no podría asumir tres de sus funciones: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones. Aragonés asumiría esa sustitución en el momento mismo en que la inhabilitación ya fuese efectiva, aunque se formalizaría -tras la publicación del cese en el BOE y el DOGC- a través de un decreto del Govern, aprobado en una reunión del ejecutivo catalán en funciones.
Este domingo, Torra aseguraba que durante su mandato ha “procurado salvar como fuera el prestigio de la Presidencia y la dignidad de la institución”. El presidente catalán mostró su confianza en el apoyo del Parlament: “En estos momentos de tanta dificultad yo miraría hacia este futuro próximo que tenemos y ver el independentismo como motor de cambio social”.
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