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El Gobierno le declara la guerra al desperdicio alimentario. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que se prevé que entre en vigor el de enero de 2023 y cuyo objetivo pasa por reducir el desecho de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, con sanción de 2.000 euros. Es lo que se conoce como las ‘doggy bags’, la expresión eufemística para referirse a llevarse la comida sobrante, que surgió en Estados Unidos.
“Es un instrumento jurídico pionero para prevenir una ineficiencia en la cadena alimentaria”, ha destacado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha cuantificado en 31 kilos de alimentos por habitante la pérdida producida anualmente en nuestro país, lo que supone unos 250 euros de perjuicio económico por persona.
Planas ha afirmado que solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE y ha destacado que uno de los objetivos de la norma es concienciar, porque el 40% de la pérdida se produce en las tiendas y en los hogares y otro 20% en la cadena alimentaria. El ministro competente ha asegurado que la intención es “concienciar”, pero habrá sanciones para las empresas que incumplan el articulado: las multas serán de hasta 2.000 euros si no se donan los productos no vendidos, de hasta 60.000 euros si las empresas de la cadena no cuentan con un plan de prevención y de hasta medio millón de euros si una entidad comete dos faltas graves en un plazo de dos años.
El proyecto legal también incluye medidas para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo ya que todas deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico desde el que adoptar medidas para minimizar las pérdidas, que en 2020 alcanzaron los 1.300 millones de kilos de alimento en los hogares, una media de 31 kilos por persona.
Donación de alimentos
Las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos.
Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.
Fruta en zumo o mermelada
Por otro lado, el proyecto de ley contempla la transformación de alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas en otros como zumos o mermeladas y los que ya no sean aptos para consumo humano
Planas ha señalado que cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
El ministro ha asegurado que los consumidores tendrán “derecho” a que las empresas hosteleras les faciliten las sobras que no hayan comido, sin coste adicional alguno, excepto en los establecimientos de bufé libre, y para ello, estos deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
Otra de las medidas pasa por que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta productos “feos, imperfectos o poco estéticos; promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos e incentiven la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, según la jerarquía de prioridades de uso.
El ministro ha añadido que el Gobierno adoptará políticas para adecuar fechas de consumo preferente a la prevención de desperdicio con acciones de formación y divulgación e incentivará que la cadena alimentaria ajuste las fechas de consumo preferente de sus productos hasta el máximo que garantice una adecuada calidad.
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