REDACCIÓCon el nacimiento de las facilidades de las comunicaciones a distancia, 1850, surgió la necesidad de garantizar un nuevo derecho fundamental; “El secreto de las comunicaciones”, (O. Pérez, 2014).
Desde entonces este nuevo derecho se ha venido reflejando en nuestra legislación al más alto nivel, Constitución de 1869 y posteriores, incluida la actual, y todas las normas de inferior rango que han tratado el tema. El Estado, el legislador, etc… cuando a establecido estos derechos ha extremado el principio de cautela, pues estos no son gratuitos. Jueces, policía telemática, abogados, educación (profesiones facultativas nuevas, Ingenieros de la clase Telecomunicaciones) etc… provocan impuestos directos o indirectos mediante el servicio, que a su vez sirve para generar actividad económica. La Ley General de Telecomunicaciones de 2003 ha generado 40.000 operadores de telecomunicaciones, que a su vez recaudan IVA.
Los Ingenieros de la clase Telecomunicaciones, Telegrafistas, y trabajadores de correos, estamos sometidos al secreto del contenido de las comunicaciones cuando por circunstancias del servicio tenemos que acceder al mismo, estamos atrapados, obligados por un código deontológico que nos expulsa de la profesión en el caso de vulnerar ese derecho fundamental. Desde ésta nuestra profesión da miedo pensar que los contenidos de las comunicaciones puedan estar expuestos a personas sin una profesión que les obligue a cumplir con dicho código.
Hoy en día este derecho está frivolizado, es inútil negarlo, se supone que el péndulo se encuentra en su punto máximo, -habrá que reinventar lo que ya existe-, al igual que ocurrió hace un siglo cuando se produjo el anterior cambio en las comunicaciones, de digital(telégrafo) a analógico (teléfono). Desde hace 15 años vivimos un brutal cambio a la inversa, un cambio que produce huérfanos digitales, nuestros hijos, a los que es imposible tutelar, y zombis enajenados analógicos, los adultos, a los que en general nos es imposible cambiar tan rápidamente, (con 50 o más años la jubilación está lejos), con lo que nos vemos desposeídos de nuestra experiencia. Alentados por los políticos que se encuentran en la misma situación, recurrimos a este juego perverso para aprender sobre redes sociales, etc… donde nos exponemos a situaciones buenas y malas, donde el atacante (moderno eufemismo para definir al conjunto de delincuentes telemáticos) ANONIMO tiene su paraíso y nos pueden afectar seriamente cuando instalamos cualquier aplicación que necesita cualquiera de nuestra familia.
El problema radica en que nos hemos digitalizado jugando, la telemática ya es la dueña de nuestra vida, (web, mail, archivos digitales, etc…) y el Estado, el encargado de velar por nuestros derechos confía en la resiliencia sin poner los mecanismos que supondrían la sustitución de personas que por las circunstancias han quedado obsoletos antes de tiempo.
La consecuencia es que últimamente se publican mensajes privados en los medios de comunicación que utilizan la misma tecnología aunque más moderna que la protegida telegrafía y no procuramos para que se cumplan nuestros derechos. O que, paradójicamente, en el mundo telemático con que el interesado, adulto o niño, se declare mayor de edad ya es mayor de edad, mientras que en el mundo real hay comprobaciones confiables.
¿Cuál es la solución a los dos problemas descritos? Sobre el secreto es no frivolizarlo, tratar los mensajes privados como tales, todos saldremos ganando. Y sobre la protección del ciudadano ante las nuevas amenazas telemáticas, es la de siempre, la que tenemos adoptada en el mundo real, solo hay que exportarla o importarla, según se mire, al ámbito telemático: “la identificación obligatoria ante la policía telemática o servicio de cualquier navegante en internet”, con esta medida tan sencilla y evidente el 99,9% de los usuarios estarían correctamente identificados, la actividad económica al adoptar la seguridad jurídica aumentaría exponencialmente. Y, lo que es más importante, daríamos un paso importante en la recuperación de la tutela de nuestros hijos.
Jordi FARRÉ
Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya
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