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Hace unos días Ciudadanos (C’s) presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Integral de Apoyo a los Autónomos. Una iniciativa que de aprobarse, afectará en torno a 3.200.000 trabajadores en todo el territorio nacional, de los cuales más de 55.000 son de nuestra provincia.
Se trata de una iniciativa legislativa que recoge, con modificaciones normativas y no con promesas, muchas de las reivindicaciones históricas de un colectivo clave en nuestra economía, ya que son los responsables de la creación de más de 600 nuevos empleos diarios. Un colectivo al que la Administración somete a trabas administrativas innecesarias y a cargas económicas excesivas que no se reflejan en unas mejores prestaciones sociales. Esta norma trata de invertir esta dinámica situando por primera vez a la administración al lado del trabajador autónomo y no “de frente”.
De su contenido se desprenden mejoras en materia de Seguridad Social, Tributarias y de segunda oportunidad que facilitaría las cosas no solo a quien quiere iniciar una actividad económica sino también al autónomo que trata de consolidarse y crecer; así como a aquellos a los que la crisis ha golpeado de lleno y ha dejado en la cuneta. Se introducen avances en materia de formación, conciliación de la vida familiar y profesional; apoyo a las trabajadoras autónomas, a la vez que se otorga voz propia al colectivo, permitiendo a las asociaciones más representativas ser declaradas de utilidad pública y estar presentes en los foros y mesas de trabajo donde se diseñen las políticas públicas que les afecten. Finalmente, se les otorga representación en el Consejo Económico y Social, lugar de entendimiento entre los agentes sociales y económicos.
Pero si algo destaca de este Proyecto de Ley es la creación de un espacio de encuentro, diálogo y acuerdo político y social que tan difícil parece en los últimos tiempos. Por un lado, las medidas que incluye fueron pactadas con el PSOE en el “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” en febrero de este año y, posteriormente con el PP a través de los “150 compromisos para mejorar España”. Esto se traduce en términos de mayoría parlamentaria en 254 escaños. Pero, además, el proyecto cuenta con el apoyo de las dos asociaciones con mayor representación del colectivo: Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
En definitiva, una norma consensuada por la mayoría de la cámara y con el apoyo del colectivo al que va dirigido. Una norma que mejoraría las condiciones de vida y trabajo de millones de personas, independientemente del partido político en el que hayan depositado su confianza o de la CCAA en la que residan. Una norma que terminará guardada en un cajón si esta insostenible situación de bloqueo continúa sin dejar poner en marcha un gobierno que permita llevarla a cabo. Más de uno debería preguntarse si merece la pena poner los intereses propios por encima de medidas como ésta.
Sergio DEL CAMPO
Diputat de Ciutadans al Congrés
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