REDACCIÓ
El caso Brahim Ghali continúa provocando víctimas y ahora al más alto nivel. El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha decidido imputar la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada ilegal del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España.
De momento se desconoce la fecha exacta en la que la exministra de Exteriores debe declarar como imputada, ya que todavía no se la habría notificado la citación.
El magistrado Lasala acepta además la declaración testifical de la que fuera jefa de Gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Estas diligencias habían sido solicitadas por una de las acusaciones populares que ejerce el abogado Juan Carlos Navarro tras la declaración como imputado del que fuera jefe de Gabinete de Laya en Exteriores, Camilo Villarino.
Villarino aseguró al juez que, aunque fue la propia exministra quien ejecutó la operación de entrada de Brahim Ghali por el aeropuerto de Zaragoza, la decisión fue tomada más arriba. De su declaración se desprendía que no fue la exministra quién tomó la decisión sino que, textualmente, Villarino dijo que González Laya le comunicó que “se había tomado la decisión” sin especificar quiénes ni dónde la tomaron (no hay muchos que puedan tomarla), y que él debía facilitar la entrada de Ghali en España según las instrucciones.
La denuncia del letrado Antonio Urdiales, personado también como acusación popular, dio origen a la causa en la que se investigan posibles delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento.
El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia. La decisión del Ejecutivo de ocultar a Ghali en nuestro país provocaba la crisis con Marruecos en la frontera de Ceuta.
Tras aterrizar en España, el líder del Frente Polisario ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso, donde permaneció tratándose de la covid-19. Después, Ghali volvía a Argelia tras quedar en libertad sin cautelares al declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por delitos muy graves de genocidio, torturas o detención ilegal.
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