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Diez años han transcurrido desde la Reforma laboral del PP, aprobada por mayoría absoluta, y la convalidada el pasado día 3, con traiciones, errores en la votación y tacticismo oportunista incluidos.
Políticamente, un análisis conjunto nos lleva a la conclusión de que no cabía otra. Correlación de fuerzas débil, texto avalado por los agentes sociales, cumplimiento por la mínima de plazos autoimpuestos, y el sainete de la inmolación de los diputados de UPN. El resultado, un mínimo común que ha pergeñado esta contrarreforma laboral descafeinada.
Jurídicamente, los cambios son plausibles en algunas materias, como la contratación y la negociación colectiva, pero en otras muy importantes, como el despido, ningún cambio significativo al no incidir sobre causas, indemnizaciones ni salarios de tramitación.
Tampoco puede decirse que se trate de un mal texto normativo para el trabajador, ya que como cambios positivos cabe destacar la ratificación del contrato indefinido como troncal, eliminando el contrato de obra o servicio (muy extendido en el fraude), potenciando el fijo-discontinuo (aunque añada nuevas dudas respecto al cálculo de la indemnización), concretando el uso de los eventuales por producción o por sustitución y reduciendo sus plazos en el encadenamiento de contratos; la creación de un mecanismo RED a modo de ERTEs por causas estructurales o cíclicas, para potenciar la llamada flexiseguridad; y la fijación de prioridad aplicativa de salario y jornada de los convenios sectoriales respecto de los de empresa, entre otras.
En definitiva, aunque se parte de un acuerdo ratificado por patronal y sindicatos, y es positivo en concretas materias, ha supuesto un desencanto para quien esperaba una derogación de la reforma laboral del 2012, lo cual no puede considerarse ni de lejos, ya que no mejora ninguno de los puntos importantes de aquella, por lo que acaba dejando la sensación de que para este viaje no hacían falta estas alforjas.
Víctor CANALDA
Advocat laboralista
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