REDACCIÓ14 Setembre, 2020
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado un informe que realiza una comparativa entre las legislaciones autonómicas existentes que garantizan los derechos humanos de la infancia y juventud trans en el entorno educativo, unas normativas que no existen aún en Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias, además de en Ceuta y Melilla.
En estas regiones, apunta el documento, los jóvenes trans no tienen ningún tipo de protección establecida por ley al no existir legislación estatal, ni autonómica, que los ampare. Por el contrario, Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón son las autonomías que cuentan con mejores medidas para garantizar los derechos de la infancia y juventud trans en las aulas.
El coordinador de educación de FELGTB, José Luís Ferrándiz, ha explicado que “esta investigación no analiza el grado de implementación de las medidas sino su vigencia”. De hecho, explica, tras Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón, se sitúan otras comunidades como Madrid y Murcia que, a pesar de tener una legislación más completa, intentaron el curso pasado “imponer el veto parental en los centros educativos”, una medida que, a su juicio, “vulnera los derechos básicos del alumnado LGTBI”.
Ferrándiz ha puesto el foco en las “dificultades” que implica la aplicación de las normativas autonómicas, que han de tener en cuenta la especificidad de cada región en relación a los fondos públicos disponibles, a los intereses políticos de la legislatura actual, o a la ausencia de un mecanismo administrativo social concreto que permita analizar el estado actual de implementación de cada ley.
Es por ello, que la representante de la Ejecutiva de la federación, Niurka Gibaja, ha llamado a la puesta en marcha de una normativa estatal “que clarifique, complete, complemente y dé respuesta a cuestiones fundamentales que son competencia exclusiva estatal” en esta materia.
“Este informe pone de manifiesto que España ya dispone de un cuerpo legal abundante que va a creciendo cada año, pero se trata de normativas desiguales, que generan diferencias entre comunidades, están incompletas, no están implementadas y son muy desconocidas”, apunta Gibaja. Como ejemplo, apunta que Canarias, Galicia o País Vasco, no cuentan con un régimen sancionador en sus legislaciones.
Entre las medidas que la FELGTBI cree que deben adoptarse para garantizar los derechos humanos del alumnado trans, proponen estrategias de intervención que impliquen una acción coordinada entre las familias, los equipos directivos, los Servicios Sociales y el Tercer Sector; herramientas y recursos de apoyo; ofrecer una correcta información y formación a las familias, los equipos docentes y directivos; blindar la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género; y un correcto acompañamiento de la infancia y juventud trans en el entorno educativo.
