Arxius de referendum | Diari La República Checa

REDACCIÓ30 Novembre, 2020
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Saloua Bichri es la cónsul general de Marruecos en Tarragona, Lleida y Aragón desde hace dos años. Cuando está en el ecuador de su misión, la diplomática hace balance. Se siente cuidada y respetada por la ciudadanía y las administraciones locales. En estos momentos, Saloua Bichri enfrenta uno de los momentos más complicados a nivel patriótico: el conflicto saharaui. En esta entrevista, concedida al diari larepublicacheca.cat, la cónsul habla por primera vez de la situación complicada y donde radica la solución. También opina sobre la moción a favor del pueblo del Sahara presentada por los Comunes en el Ayuntamiento de Tarragona y que contó con la abstención del PSC. Sobre la seguridad de los edificios diplomáticos, Bichri entiende que es una tarea que corresponde a las autoridades policiales y espera que se eviten los actos vandálicos.

Hace dos años que ejerce las funciones de Cónsul general de Marruecos en Tarragona ¿Qué balance hace?
Positivo en todos los sentidos, y dentro de las funciones que conlleva el cargo creo que hemos avanzado en el servicio que ofrecemos a nuestros ciudadanos, así como en el refuerzo de colaboración con las autoridades locales y la convivencia con la ciudadanía que nos acoge.

Su país vive una situación complicada a causa del Polisario. ¿Que está en causa exactamente?
Hay dos formas de solucionar los problemas: O se es parte del problema o se es la solución. Nuestro país, su más alta institución, Su Majestad El Rey Mohammed VI, el gobierno, los partidos políticos, agentes sociales y sociedad civil en general, decidieron en su día, y así lo han mantenido de forma inquebrantable desde 1975, ser parte de la solución a un problema de colonización que, como ustedes saben, sufrió nuestro país en el siglo pasado.

Interrumpir intencionadamente el comercio internacional debería tener consecuencias para aquél que lo provoca o promociona

Dicho esto, hay una parte que se ha empeñado en generar y mantener un conflicto en un principio, quizá legítimo, en términos de acabar con la ocupación de un territorio por parte de España, pero artificial en términos territoriales una vez que España sale de dicho territorio.

¿Que representa y qué consecuencias tiene el bloqueo de esta zona del país?
Bloquear una frontera siempre repercute negativamente en todos los sentidos, empezando por el tránsito de personas, el de mercancías y el de las relaciones bilaterales e internacionales entre países. Han visto como la ruta de los camiones frigoríficos españoles que transportan la pesca de los caladeros de Mauritania y otros países se vio interrumpida con las consiguientes pérdidas para las empresas y puestos de trabajo de barcos, puertos, trasportistas y mercancías.

Por otra parte, el flujo de mercancías por carretera de nuestro país hacia Mauritania y otros países del sur y viceversa ha sufrido igualmente dicha paralización del tráfico y sus consiguientes pérdidas económicas que afectan a varios países. Interrumpir intencionadamente el comercio internacional debería tener consecuencias para aquel que lo provoca o promociona, ya que lesiona tratados internacionales con graves repercusiones económicas, sociales, laborales y pone en riesgo la paz social de una región. Por ello, es legítima y justificada la actuación de Marruecos restableciendo el orden y facilitando dicho tránsito de forma pacífica. Si a esta actuación se contesta por parte del Polisario con una ruptura del alto el fuego, firmado en 1991, creo que objetivamente la comunidad internacional podrá juzgar algo así como una clara justificación para el belicismo por parte de quien no aspira a la convivencia pacífica.

El frente polisario utiliza la violencia en todas sus formas para imponer sus criterios, algo que es inadmisible para los estados democráticos

El consulado de Valencia fue objeto de un ataque por parte de los simpatizantes del Frente Polisario. ¿Cómo califica este acto?
Los hechos ocurridos en Valencia perjudican gravemente a quien los promueven o justifican, en este caso el frente polisario, que una vez más utiliza la violencia en todas sus formas para imponer sus criterios, algo que es inadmisible para los estados democráticos, donde las diferencias se zanjan mediante el diálogo y la negociación.

¿Qué pueden hacer las autoridades españolas para evitar estos ataques vandálicos?
Las delegaciones diplomáticas y consulares tienen en todos los estados una especial protección, dado que son considerados espacios extraterritoriales, y por consiguiente deben estar protegidos adecuadamente por parte del país anfitrión. Evidentemente no se puede culpabilizar al estado español de falta de protección, dado que esta actitud irracional y violenta era imprevisible. Otra cosa es como un estado de derecho como es el español debe juzgar estos actos y tomar buena nota de quienes son sus promotores.

¿Teme que pueda pasar lo mismo en Tarragona?
Quiero pensar que no, dado que se han extremado por parte de las autoridades españolas y autonómicas, las medidas de protección. No obstante, como usted bien sabe, contra los actos violentos nunca hay seguridad absoluta y más si vienen promovidos desde organizaciones violentas.

Es legítima y justificada la actuación de Marruecos restableciendo el orden y facilitando el tránsito de forma pacífica

Las asociaciones se han posicionado contra la provocación del Polisario. La integridad territorial es algo sagrado para vuestro pueblo. ¿Verdad?
Mire, en España, viven y trabajan muy duro casi un millón de marroquíes desde hace muchos años. Este millón de marroquíes acostumbrados a vivir y convivir aquí de forma pacífica, difícilmente van a tolerar por mucho tiempo las provocaciones de una minoría que insulta, no respeta y además agrede violentamente las instituciones de nuestro estado. Quizás no debería verse como una pasividad del pueblo marroquí el hecho de que hasta el pasado martes no se habían manifestado, sino más bien como un espíritu de pacifismo y tolerancia, que posiblemente ha llegado a un punto donde ya se hace doloroso ver la violencia y quedarse de brazos cruzados. Así, a raíz de una convocatoria en nombre de la sociedad civil, más de 1.000 marroquíes han acudido a Tarragona para protestar de forma muy pacifica, contra el frente polisario, en apoyo a la marrocanidad del Sahara, bajo el lema “No toques mi bandera“.

El ayuntamiento de Tarragona acaba de aprobar una moción a favor del pueblo saharaui. El PSC se ha abstenido. ¿Que representa esto?
No quiero juzgar ni a un partido ni a otro que legítimamente toman sus decisiones en un país democrático. Pero enlazando con la respuesta anterior, y viendo que los marroquíes que aquí viven y trabajan, y muchos votan también aquí, es posible que cuando los políticos les vean manifestarse en las calles los empiecen a escuchar y tener en cuenta en las decisiones que toman.

¿Cuál es la solución propuesta por Marruecos para solucionar el conflicto?
La comunidad internacional encuentra en la solución que el Reino de Marruecos presentó en 2007 al Consejo de Seguridad, un medio creíble de poner fin al conflicto del Sahara. La iniciativa de autonomía marroquí como base de cualquier solución política con los parámetros de realismo, pragmatismo y compromiso que caracterizan la iniciativa marroquí.  La Resolución consolida los logros de Marruecos en resoluciones anteriores, en particular la preeminencia de la iniciativa de autonomía y el imperativo del censo de la población de los campamentos de Tinduf en Argelia. Además, varios países, en particular los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, reiteraron en esta resolución su apoyo a la iniciativa de Marruecos.

El Consejo de Seguridad, a través de la Resolución 2548, pide a Argelia que asuma un papel acorde con su participación política, diplomática, militar y humanitaria en esta disputa regional

La resolución 2548 del Consejo de Seguridad refuerza el enfoque de Marruecos, que se basa en los siguientes principios: la legalidad internacional, la voluntad del pueblo, la realidad sobre el terreno,  la continuación de la dinámica de desarrollo y el creciente reconocimiento de la comunidad internacional, y la apertura, en los últimos años, de consulados de países africanos y árabes, tanto en Dakhla como en Laâyoune, es un ejemplo de este reconocimiento de la soberanía marroquí sobre sus provincias del sur.

El Reino de Marruecos reitera su disposición a alcanzar una solución de compromiso en el marco de su iniciativa de autonomía. Espera que el proceso actual pueda generar un impulso real, deshacerse de la retórica y evitar que las reuniones se conviertan en un fin en si mismas.

Por tanto, el Consejo de Seguridad a través de la Resolución 2548, pide a Argelia que asuma un papel acorde con su participación política, diplomática, militar y humanitaria en esta disputa regional. Ningún proceso político es posible sin la participación efectiva y constructiva de este país. La resolución no deja lugar a dudas sobre el compromiso del Consejo de Seguridad con “una solución política realista, pragmática y duradera … que se base en un compromiso”. Esta es la forma en que el Consejo de Seguridad reitera su compromiso con una solución política y descarta definitivamente todas las opciones inviables.

¿El Referéndum de que tanto se habla está en la agenda política?
La opción del referéndum ha quedado obsoleta. Quienes siguen haciendo referencia a la opción del referéndum quedan al margen de la Resolución de la ONU, que encarna la legalidad internacional y expresa la voluntad de la comunidad internacional. De hecho, la Resolución 2548, adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de octubre de 2020 no contiene ninguna referencia al referéndum, mientras que hace seis referencias a la solución política.

¿Qué diría a un español que desconoce la realidad sobre el conflicto entre el Polisario y Marruecos?
Agradezco la pregunta porque, a Marruecos, se nos juzga y prejuzga de forma en no pocas ocasiones sin conocimiento de causa. Creo que falta, por parte tanto de España como de Marruecos, de una política de comunicación común hacia nuestros ciudadanos que ponga en su justo lugar la postura, sobre este asunto y otros, de ambos países ante su población, de forma que la opinión publica destruya prejuicios y se genere un espacio de visión objetiva y más justa.

 

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REDACCIÓ1 Octubre, 2020
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Tres anys després de l’1-O, el referèndum té conseqüències judicials i molts procediments oberts als tribunals. Hi ha polítics complint penes de presó o d’inhabilitació, com els condemnats pel Tribunal Suprem, altres esperant sentència, com l’ex cúpula d’Interior i bona part de l’antiga Mesa del Parlament. Altres encara esperen judici, com l’exmembre de la Mesa Joan Josep Nuet al Suprem, els síndics electorals, que seran jutjats al novembre, el conseller i exalcalde d’Agramunt, Bernat Solé, i Lluís Salvadó i Josep Maria Jové al TSJC. També hi ha desenes de càrrecs processats pel jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, alcaldes, votants i desenes de policies i guàrdies civils, sobretot en dos jutjats de les ciutats de Barcelona i Girona.

El primer jutjat en obrir una causa per l’1-O va ser el d’Instrucció 13 de Barcelona, ja abans que es confirmés que hi hauria un referèndum d’independència i encara menys la data. Mesos de telèfons intervinguts van acabar amb nombrosos escorcolls i detencions el 20-S. D’allà en van sortir desenes d’alts càrrecs de la Generalitat investigats per desobediència, prevaricació, malversació, revelació de secrets o falsedat documental, entre ells Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, de Vicrepresidència i Economia. Com que des de finals del 2017 i almenys mentre duri l’actual legislatura són diputats al Parlament i, per tant, aforats, la seva causa es va segregar i es tramita al TSJC. Entre els processats per Instrucció 13 destaquen els aleshores secretaris de Difusió, Antoni Molons; de Presidència, Joaquim Nin; de Treball, Josep Ginesta; d’Exteriors, Aleix Villatoro; o de Comunicació, Jaume Clotet. També hi ha càrrecs del CTTI, de Vicepresidència i Economia, de la CCMA, d’Exteriors, i alguns empresaris.

Però d’aquell 20-S se’n van derivar altres processaments: Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que van organitzar la concentració davant de la Conselleria d’Economia, i que van acabar condemnats pel Suprem per rebel·lió al costat dels membres del Govern Puigdemont, i el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, l’exdirector general dels Mossos Pere Soler i l’exsecretari general d’Interior Cèsar Puig. Aquests quatre últims van ser jutjats l’hivern passat a l’Audiència Nacional per rebel·lió, tot i que finalment la fiscalia va rebaixar l’acusació a sedició o desobediència. S’espera que la sentència es faci pública aviat. També hi ha diversos comandaments de Mossos encara pendents d’una investigació contra ells en un jutjat de Cornellà de Llobregat.

Prèviament a Instrucció 13, el TSJC ja havia obert causes penals contra l’aleshores presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i part de la seva mesa per tramitar iniciatives parlamentàries a favor de la independència que teòricament estaven vetades pel Tribunal Constitucional. Forcadell va ser inclosa en el judici al Suprem per un delicte de rebel·lió, i condemnada a onze anys i mig de presó.

La resta de la Mesa només va ser processada per desobediència, i la seva causa es va enviar al TSJC. Però Joan Josep Nuet, ara diputat d’ERC al Congrés, va ser separat d’aquesta causa, que es tramita al Suprem. La resta de membres, Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet, van ser jutjats al juliol i estan pendents d’una possible condemna d’inhabilitació per a càrrec públic.

La principal causa, la del Tribunal Suprem contra els líders del procés, ja està sentenciada, i amb compliment d’importants penes de presó per a la majoria, pendent de recursos al Tribunal Constitucional i probablement a Europa. Els presos van obtenir al juliol el tercer grau, però el Suprem el va revocar per a tots excepte per a Carme Forcadell i Dolors Bassa.

Al novembre està previst el judici contra els síndics electorals, designats pel Parlament per supervisar la netedat de la votació de l’1-O, però que van dimitir en bloc quan el Tribunal Constitucional els va amenaçar amb multes.

Dies abans del referèndum la Fiscalia Superior de Catalunya va obrir diligències contra centenars d’alcaldes que havien acceptat col·laborar en la votació. Moltes causes s’han acabat arxivant però algunes van tirar endavant i estan pendents de judici. Una d’elles és la seguida contra l’exalcalde d’Agramunt (Urgell), Bernat Solé, actual conseller d’Exteriors. Com que és aforat, la causa es tramita al TSJC, que ja ha dictat la interlocutòria de processament. Un altre alcalde diputat és el de Mollerussa, Marc Solsona, que també va ser investigat per la Fiscalia Superior, però el ministeri públic ho va arxivar el novembre del 2018. En canvi, a l’exalcalde d’Alcarràs (Segrià) Miquel Serra, el ministeri fiscal li demana 15 mesos d’inhabilitació i 21.600 euros de multa per haver cedit un espai municipal per a la votació.

A les Terres de l’Ebre, l’alcalde de Roquetes (Baix Ebre), Paco Gas (ERC), segueix pendent del recurs que va presentar en contra de l’obertura de judici oral per suposada desobediència per haver facilitat equipaments i haver col·laborat activament amb els organitzadors del referèndum. En la interlocutòria de febrer passat, el jutjat número 3 de Tortosa li va reclamar una fiança de 15.000 euros. La fiscalia va demanar un any i tres mesos d’inhabilitació i 11.250 euros de multa. En el mateix procediment van arribar a estar també investigats dos regidors, un treballador municipal i un membre de la mesa electoral, tot i que finalment la causa contra ells es va acabar arxivant.

L’alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), Josep Caparrós, i el primer tinent d’alcalde, Albert Salvadó, esperen també notícies del procediment obert contra ells que es va iniciar fa dos anys a instàncies de la fiscalia, quan va citar diversos alcaldes de la demarcació a prestar declaració a Tarragona. Ells són els dos únics càrrecs electes contra qui s’ha mantingut la causa per suposats delictes de desobediència, malversació i prevaricació en l’organització i celebració del referèndum de l’1-O al municipi. El ministeri públic va remetre a finals de 2018 la investigació contra Caparrós i Salvadó al jutjat número 1 d’Amposta, que just fa un any va demanar a l’Advocacia de l’Estat i a la fiscalia que presentessin escrits d’acusació per obrir judici oral. El procediment es troba pendent d’aquest tràmit.

Arran d’aquestes mateixes indagacions de la fiscalia, el TSJC va investigar l’expresident de l’Associació Catalana de Municipis Miquel Buch i l’expresidenta de l’Associació de Municipis per la Independència Neus Lloveras, però va arxivar la causa. Més tard la va reobrir per a Buch.

Procediments a tot el territori
Respecte l’actuació durant l’1 d’octubre als col·legis electorals, hi ha diverses causes contra votants, per desordres públics i resistència a l’autoritat, i contra policies nacionals i guàrdies civils per lesions i contra la integritat moral. Al jutjat d’instrucció 7 de Barcelona hi ha prop de mig centenar de policies nacionals i comandaments investigats per l’actuació en una dotzena de col·legis de la capital catalana per lesions i delictes d’odi, com per exemple l’escopeter que va disparar la bola de goma a l’ull de Roger Espanyol, qui també està investigat per desordres.

Finalment, un dels casos més emblemàtics és el de l’exregidor d’ERC a Sant Joan de Vilatorrada i pallasso de professió Jordi Pesarrodona. El seu cas és especial, ja que, d’una banda, és un dels ferits que va denunciar la Guàrdia Civil per l’actuació a l’escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, i, de l’altra, ha estat acusat per la fiscalia d’un delicte de desobediència greu per no haver complert les ordres dels agents de la Guàrdia Civil. El judici contra ell es va celebrar el 21 de setembre i aquest dilluns va ser condemnat a 14 mesos d’inhabilitació i 2.100 euros de multa.

Al Camp de Tarragona, l’Associació d’Advocats Voluntaris 1 d’octubre de Reus defensa prop d’una vintena de causes. Una de les més rellevants és pels delictes d’odi i malversació contra l’alcalde de l’1-O, Carles Pellicer, alguns regidors, alguns bombers i el propietari i un treballador d’un gimnàs per un manifest i les concentracions, especialment del 3 d’octubre del 2017. Es va arxivar la causa per bona part dels encausats i s’està a l’espera que l’Audiència de Tarragona faci el mateix amb la resta.

Igualment es van arxivar les caues obertes contra un veí de Reus per haver replicat la pàgina web del referèndum i un mecànic de la ciutat per negar-se a arreglar un cotxe particular d’un policia nacional. Una veïna de Reus que va fer una piulada contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va ser absolta en segona instància.

A Mont-roig del Camp un guàrdia civil va denunciar quatre votants per lesions, atemptat a l’autoritat i desobediència. Respecte tres ja es va arxivar la causa, i ara s’espera que l’Audiència arxivi el cas contra el quart. A Valls, un ‘hacker’ de 19 anys d’Anonymous s’enfronta a 18 anys de presó per atacs informàtics a institucions de l’estat abans i després de l’1-O.

Aquests mateixos advocats voluntaris mantenen oberta una querella contra la Guàrdia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial conjunt, caps, càrrecs i comandaments responsables de les actuacions dutes a terme l’1-O a Mont-roig del Camp. La querella es va arxivar provisionalment, així com moltes altres per delictes d’odi, injúries i altres suposats delictes comesos contra persones o entitats sobiranistes.

Al Camp de Tarragona, s’han tancat molts dels procediments penals de fets ocorreguts l’1-O. El jutjat d’Instrucció 2 de Tarragona, que era el que estava de guàrdia aquell dia i on van anar a parar la majoria de denúncies, ha anat arxivant moltes diligències.

Juristes per la República només té mitja dotzena de causes obertes per fets ocorreguts a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona i a petits pobles de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, on la Guàrdia Civil va actuar. A Vilabella hi ha dos casos, un dels quals és contra un camioner ucraïnès que va anar a protegir els veïns i està acusat d’haver trencat la falange d’un dit a un guàrdia civil.

A Cabra del Camp, l’exjutgessa de pau Rosa Canela va quedar absolta en el judici per haver fet un escrit crític amb la policia.

A les Terres de l’Ebre es va arxivar la causa oberta a l’Audiència Nacional per injúries a la corona contra un veí de Tivissa (Ribera d’Ebre) i també s’investiguen les càrregues de la Guàrdia Civil que van patir els votants a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Més d’una vuitantena de persones van acreditar haver partit lesions com a conseqüència de la intervenció policial i al voltant de la meitat, entre 35 i 40, mantenen oberta la denúncia pels fets. Diversos agents de l’institut armat, identificats gràcies a les imatges gravades durant les càrregues, ja han prestat declaració com a investigats al jutjat número 4 d’Amposta, que instrueix el cas. El procediment, però, avança lentament davant els nombrosos recursos presentats i les dificultats perquè declarin tots els agents identificats.

Causes derivades de l’1-O
Indirectament relacionades amb l’1-O hi ha altres causes, algunes ja jutjades, com les seguida contra diversos manifestants per desordres públics durant l’octubre i novembre del 2017, o l’hivern i primavera del 2018, com l’activista Tamara Carrasco, com a suposada líder de diversos CDR, i participants en les protestes posteriors a la sentència del Suprem l’octubre del 2019. Carrasco va ser jutjada aquest dilluns i s’enfronta a set mesos de presó per incitació als desordres públics, després d’haver estat acusada inicialment de terrorisme per l’Audiència Nacional i haver hagut de passar mesos confinada al seu municipi. Un altre jove CDR, Adrià Carrasco, va fugir a Bèlgica just abans que el detinguessin.

Dues membres dels CDR estan sent investigades per tirar fems a les portes del jutjat de Reus i un jove de Tarragona està pendent d’un recurs per una acusació de desordres públics. De fet hi ha diverses causes obertes per protestes violentes en aquestes comarques. Un total de 23 persones estan sent investigades per aldarulls a la ciutat de Tarragona ara farà un any, dos dels quals van passar-se cinc setmanes empresonats.

També derivada de l’1-O hi ha les dues causes per desobediència contra el president de la Generalitat Quim Torra, que ha estat inhabilitat un any i mig per desobeir la Junta Electoral Central la primavera del 2019 en no retirar a temps una pancarta a favor dels polítics presos. Encara té una altra causa pendent similar per no retirar la mateixa pancarta el setembre del 2019.

D’altra banda, l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, també era investigat pel TSJC per haver contractat d’assessor un sergent dels Mossos d’Esquadra que havia escortat Puigdemont a Bèlgica. Del mateix entorn de Puigdemont, està investigat Josep Lluís Alay, exsecretari de Govern, director de l’oficina de l’expresident, per malversació de fons públics i prevaricació per un viatge a Nova Caledònia durant el referèndum d’autodeterminació del novembre del 2018 i peatges d’autopista per visitar els polítics empresonats a Lledoners. Alay i Jaume Matamala, amic de Puigdemont, també van ser investigats per ajudar Puigdemont en el viatge entre Finlàndia i Alemanya, quan va ser arrestat. De fet, dos mossos que escortaven Puigdemont quan va ser arrestat a Alemanya el març del 2018 s’enfronten a penes de tres anys de presó a l’Audiència Nacional per un delicte d’encobriment.

 


REDACCIÓ18 Agost, 2020
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Torra vol traslladar la negociació a Europa

El president de la Generalitat, Quim Torra, vol traslladar la taula de negociació a Europa si la Moncloa continua sense pactar l’autodeterminació. Així ho ha explicat en una entrevista a l’ACN, després de “constatar” que el diàleg amb Madrid fins ara només s’ha traduït en “fotos”.

“Prou d’enganyar-nos. Estan disposats a negociar l’autodeterminació? Si no, anirem a negociar a Brussel·les i no perdrem més el temps”, ha afegit. Per altra banda, el president demana a l’independentisme una “reflexió” més programàtica que de noms, i insta els partits a compartir punts als programes electorals per “clarificar” el ‘Ho tornarem a fer’. Torra també assegura que la justícia espanyola no limitarà “mai” la seva decisió sobre la data de les eleccions.

Torra ha tornat a exigir al govern espanyol un ordre del dia de la taula bilateral on hi consti “clarament” que es parlarà de les condicions per un referèndum d’autodeterminació i de l’amnistia. “Si no ho veiem en un paper, no anirem a la taula de negociació, i l’anirem a buscar a Europa, si cal, com la justícia”, ha advertit. En aquesta línia, el cap del Govern ha instat la Moncloa a respondre si està “disposada” o no a negociar l’autodeterminació: “Si no, que ens ho diguin, i ja anirem a negociar a Brussel·les. Almenys no perdrem més el temps”.

“Oi que hem arribat a la conclusió que és impossible que un independentista sigui jutjat amb neutralitat a l’Estat? I que estan a punt d’inhabilitar un president per posar una pancarta per la llibertat d’expressió? Amb el diàleg ens passarà igual, i només trobarem negociació fora de l’Estat”, ha asseverat.

 


REDACCIÓ22 Juliol, 2020
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El president Quim Torra

El president català, Quim Torra, continua insistint en la seva proposta de fer un nou referèndum perquè Catalunya decideixi el seu futur polític: “Crec que ho hem d’organitzar una altra vegada. Crec que ho hem de tornar a fer”.

Ho ha dit en la sessió de control al president durant el ple de Parlament, en resposta a president d’ERC a la Cambra, Sergi Sabrià, que li ha demanat aplicar la unitat generada entre els socis de Govern per dissenyar el pla de reactivació econòmica després el coronavirus, al pla independentista de construir una república catalana.

Sabrià s’ha referit a l’esperit de treball de la Comissió per a la reactivació econòmica i protecció social a conseqüència de la crisi de la Covid-19 (Coreco), però ha advertit: “No hi haurà reconstrucció completa, reactivació completa, sense disposar de les eines d’un estat”.

“Ho hem de fer sense retrets. Ens agrada l’esperit de treball del Coreco. Cal repetir per a l’estratègia compartida i els objectius dels propers anys. És hora de trencar barreres i hem fet els deures extraient lliçons de l’1-O”, ha dit, i li ha demanat al president sumar-se a un nou embat.

Torra ha assegurat que ell ve del món de la unitat independentista i ha afegit: “No crec que tinguem mai possibilitat de guanyar ni tirar endavant si no som capaços de fer un salt col·lectiu. No és possible aconseguir la independència si no ens posem a treballar tots junts”.

 


REDACCIÓ20 Novembre, 2019
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Carles Mundó en un míting d’ERC

L’exconseller Carles Mundó descarta la via unilateral perquè “no té cap recorregut” i aposta per una “majoria inapel·lable” que faci “inevitable” un referèndum. Aquesta és una de les principals idees del llibre ‘El referèndum inevitable. Del judici endavant’ (Edicions 62) que avui dimecres arriba a les llibreries.

Mundó dibuixa els elements de la recepta per tal d’aconseguir un referèndum pactat que avui es veu “impossible”: que l’independentisme superi el 50% en totes les eleccions “de manera sostinguda”; enfortir les institucions; i aconseguir el reconeixement internacional.

Això combinat amb “no renunciar mai” al diàleg i no perdre la “moral de victòria”. “L’independentisme no creixerà a través de jugades mestres”, conclou l’exconseller condemnat per desobediència que va estar un mes en presó preventiva. Segons defensa l’exconseller, per tal que l’independentisme pugui traçar una estratègia compartida és “imprescindible” que es comparteixi un mateix diagnòstic de la realitat i una visió conjunta del que ha passat des de la tardor del 2017.

Per a Mundó, cal fer una anàlisi “realista i serena” i entendre que “quan canvien algunes variables incontrolables o que depenen d’altres actors, cal tenir l’habilitat i la valentia de rectificar i corregir tantes vegades com calgui sense que això s’interpreti com una renúncia o una falta de compromís” i conclou que “no es tracta de ser els més purs; sinó de voler guanyar”.


REDACCIÓ17 Octubre, 2019
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El president del govern català ha sorprès tothom al proposar, durant la seva compareixença al Parlament de Catalunya, que s’esgoti la legislatura exercint el dret a l’autodeterminació i validant la independència. O sigui, Quim Torra pretén repetir una consulta popular sobre la independència de Catalunya l’any 2020 com a resposta al veredicte del Suprem que és, segons ha dit, la sentència de la ignomínia i profundament injusta.

Un nou referèndum és la millor via perquè la ciutadania i les institucions expressin el seu desig sobre el futur de Catalunya. El cap de govern, a més, confia que l’Acord Nacional per l’Autodeterminació, l’Amnistia i els Drets Civils i Polítics que el Parlament va aprovar constituir serà qui “fixarà les bases per concretar les vies per exercir l’autodeterminació” en aquesta mateixa legislatura. Els seus socis de govern no estan massa satisfets amb la forma com ha revelat la proposta i el sentit de l’oportunitat del president.

Recordant que els líders independentistes van ser condemnats a 100 anys de presó per posar urnes, Torra ha dit que només hi ha una resposta possible al veredicte del Tribunal Suprem. “S’hauran de tornar a posar urnes per l’autodeterminació”, així de clar.

El cap del govern continua defensant la tesi del ”ho tornarem a fer’. Torra ha mostrat la seva “consternació i indignació” per la decisió de l’alt tribunal i ha asseverat: “És un moment greu per al país” i no cal ser independentista, sobiranista o catalanista per veure que la sentència és una “vergonya inaguantable”. Segons el president, “només amb una mica de sentit de justícia n’hi hauria d’haver prou”.

Reacció als disturbis
D’altra banda, la compareixença del president a la cambra catalana ha servit per saber l’opinió de Torra sobre els disturbis i accions violentes als carrers de Catalunya arran de les protestes contra la sentència del Suprem. El mandatari ha fet costat als Mossos d’Esquadra, però ha demanat que la policia catalana sigui escrupolosa i proporcional a l’hora d’intentar dispersar els grupuscles violents.

Torra ha explicat que ha demanat que s’investigui “qualsevol situació irregular” i es faci autocrítica tot defensant que ara és moment de fer-ho. “No ens podem permetre la vulneració de protocols”, ha remarcat per després assenyalar que hi ha “imatges que no han agradat”.

En aquest context, Torra ha reclamat que ningú criminalitzi la “legítima” desobediència civil barrejant-la amb la violència, amb la qual cap català s’identifica ni se sent representat.

 


REDACCIÓ8 Febrer, 2019

Albert Batet i Carles Puigdemont

La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat les diligències d’investigació obertes contra l’alcalde de Valls, Albert Batet, per la seva possible col·laboració en el referèndum de l’1 d’octubre del 2017. La fiscal conclou que “no s’ha pogut determinar, ni fins i tot de forma indiciària, que l’investigat hagi dut a terme cap actuació delictiva en relació amb el referèndum il·legal convocat per la Generalitat”. En una piulada, el també portaveu de JxCat ha expressat que “triga més o triga menys, però les farses politicojudicials acaben caient pel seu propi pes”.

En la seva condició d’aforat com a diputat al Parlament, Batet va ser citat a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya per haver signat decrets d’alcaldia a favor del referèndum. La compareixença es va produir el 20 de setembre del 2017 i el batlle de Valls es va acollir al dret de no declarar. En no trobar indicis, la fiscalia va arxivar les diligències el 17 de desembre passat.

Pel que fa a la resta d’alcaldes del Camp i l’Ebre investigats, la Fiscalia del Tribunal Suprem ja va arxivar les diligències contra l’aleshores alcalde de Tortosa i diputat al Congrés, Ferran Bel. De la seva banda, la Fiscalia de Tarragona també ha tancat els casos contra els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit. Per contra, ha enviat al jutjat d’Amposta les diligències obertes contra el batlle de la Ràpita, Josep Caparrós.

 


REDACCIÓ15 Gener, 2019
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Les provocacions estan a l’ordre del dia. La convivència comença a fer aigües. El judici contra els polítics independentistes tindrà lloc al Tribunal Suprem abans que finalitzi el mes de gener. De moment saben quins són els delictes de que són acusats, però encara queda per saber a quines penes s’hauran d’enfrontar.

És, sens dubte, un dels judicis més importants de la democràcia espanyola. No obstant això, i malgrat les posicions en contra, és de sentit comú esperar la sentència judicial per sortir als carrers sol·licitant al govern de l’estat que no indulti cap condemnat per la seva participació en el referèndum del passat 1 d’octubre del 2017.

A Tarragona, s’ha pogut veure, en el passat cap de setmana, un autobús – no es coneix el seu propietari – reivindicant eleccions generals de forma immediata i exigint que no s’indultin als presos polítics que seran jutjats en les properes setmanes. Aquest fet incrementa la confrontació i no aporta res a la situació política que travessa el país. O sigui… tempus fugit.

 


REDACCIÓ15 Gener, 2019

El Ministeri Fiscal entén que no hi ha delicte en l’actitud de dos Mossos d’Esquadra arran de la seva actuació en la jornada del referèndum a qui la Guàrdia Civil acusava de no col·laborar per impedir la votació en un institut de Mont-roig del Camp.

Els Mossos van identificar els responsables de l’obertura del centre i van decidir no actuar-hi per evitar «aldarulls», atès que s’hi aplegaven més de 200 persones. El fiscal diu que els agents no van obstaculitzar l’acció de la Guàrdia Civil -que es va endur les urnes-, i que van complir ordres dels seus superiors. La fiscalia conclou que l’actitud «passiva» d’aquests agents no és suficient per mantenir-los com a investigats i no s’oposa a què el jutjat de Reus arxivi el cas.

La causa es va obrir arran d’un atestat de la Guàrdia Civil que denunciava aldarulls a l’institut Antoni Ballester de Mont-roig durant la jornada del referèndum. El juny passat, però, les diligències van quedar limitades a investigar l’actuació de dos mossos en aquest punt de votació per un possible delicte de desobediència.

Durant la declaració davant el jutge, un agent de la Guàrdia Civil va relatar que, quan van arribar al lloc, van observar dos agents dels Mossos d’Esquadra «en actitud passiva, no col·laborant en l’actuació d’impedir la votació malgrat que els agents de la Guàrdia Civil van rebre una forta resistència de les persones aplegades». L’agent va detallar que es va adreçar al mosso amb més rang, però que no va rebre «resposta ni col·laboració», tot i que finalment van poder entrar a l’institut i endur-se les urnes.

De la seva banda, l’inspector cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra del Baix Camp-Priorat va informar al jutjat que els dos agents investigats, juntament amb dos agents més, estaven assignats en aquell centre. Els agents van redactar un atestat on hi constava que s’havia obert l’institut, les persones responsables, que hi havia unes 200 persones que es negaven a abandonar el local i que el tancament «no procedia» davant la possibilitat d’aldarulls.

Un dels agents investigats va declarar el setembre passat que en cap cas va entorpir l’actuació de la Guàrdia Civil, que havia llegit l’auto del TSJC i que «havien intentat tancar el centre, però que la quantitat de gent acumulada no ho permetia».

L’altre agent dels mossos, encarregat de coordinar el servei amb 23 punts de control en centres de votació, va justificar que no va col·laborar amb la Guàrdia Civil perquè «no podia fer una intervenció sense un autorització des del CECOR -la sala de coordinació- i que la seva era una tasca de supervisió». Aquest policia també va argumentar que no van poder tancar el col·legi perquè hi havia unes 300 persones i va afirmar que ell tampoc no va interferir quan la Guàrdia Civil hi va accedir.

Fiscal: Els agents no són els responsables d’un operatiu “insuficient”
La fiscalia conclou que els mossos no van incórrer en cap infracció penal «en quant van donar compliment a les ordres i a les instruccions rebudes pels comandaments superiors». El fiscal considera que, si bé el dispositiu «era insuficient atès l’escàs nombre d’agents que es van personar al centre -quatre-, la inadequació o irregularitat en l’organització no és atribuïble als agents investigats».

Fiscalia  recorda que, en aquest sentit, se segueixen altres diligències on s’investiga l’organització del dispositiu policial, la suficiència i l’adequació a les ordres del TSJC. És aquí, subratlla el fiscal, «on es ventilaran, en el seu cas, les responsabilitats que poguessin tenir els alts comandaments, sense que la responsabilitat pugui recaure en els agents, els quals es van limitar a actuar sota les ordres directes dels seus superiors». Finalment, el fiscal conclou que l’actitud passiva dels agents investigats a l’institut, unida a les explicacions que van donar, no són suficients per exercitar accions penals.

 


REDACCIÓ28 Novembre, 2018

Ja hi ha substitut per ocupar la plaça que el jutge José Antonio Ramírez Sunyer va deixar buida després del seu traspàs. O millor dit, una substituta. Alejandra Gil és la magistrada que es farà càrrec de la instrucció dels preparatius del referèndum de l’1 d’octubre.

Cal recordar que Ramírez Sunyer va morir recentment a causa d’una llarga malaltia. Gil es converteix així en la nova titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona.

 




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