REDACCIÓ24 Maig, 2021
El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales y a la patronal que se prorroguen los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre. Ahora sindicatos y patronal tendrán que pronunciarse en la negociación colectiva. Sería la quinta prórroga desde que se aplicó la primera por la pandemia de coronavirus.
Hasta ahora los ERTE estaban prorrogados hasta el 31 de mayo, precisamente el mismo mes en el que termina el estado de alarma. Así en la anterior prórroga, los trabajadores en ERTE seguían teniendo una prestación equivalente al 70% de la base reguladora y se había renovado por otros seis meses la cláusula de mantenimiento del empleo.
Estas son las tres modalidades de ERTE que ya venían funcionando en los últimos meses: los destinadas a medio centenar de sectores ‘ultraprotegidos’ -particularmente afectados por la pandemia- y empresas vinculadas a su cadena de valor, los de impedimento de la actividad y los de limitación, estos dos últimos pensados ante restricciones adoptadas para frenar el coronavirus.
Las exoneraciones en las cotizaciones sociales vinculadas a estas modalidades también se mantenían, quedando de la siguiente manera:
– ERTE de sectores ultraprotegidos y empresas de su cadena de valor: exenciones del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50.
– ERTE por impedimento: exoneraciones del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tengan más de 50 empleados.
– ERTE de limitación: exenciones decrecientes hasta mayo de 2021. Para empresas de menos de 50 trabajadores, serán del 100% en febrero, 90% en marzo, 85% en abril y 80% en mayo. Para las que tengan más de 50 trabajadores, serán del 90, del 75 y 70%, respectivamente.
Ahora está por ver si se mantiene toda esta estructura o se hace alguna modificación en la negociación colectiva.
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La vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous que els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) continuaran a partir del 31 de maig “en una fórmula similar a l’actual”.
La vicepresidenta ha traslladat a les companyies que les té “molt presents” en les estratègies per a la recuperació i transformació de país després de la crisi sanitària, però també en la nova estratègia espanyola de suport actiu a l’ocupació, “que desplega unes polítiques actives aliades de les empreses, amb serveis específics per a pimes, orientades a les seves necessitats en matèria d’ocupació, de formació i de millora de la productivitat i transformació productiva”.
Este miércoles ha empezado la campaña de la Renta 2021, un año especialmente difícil, ya que reflejará la sangría empresarial y laboral del 2020, cuando se han perdido cerca de un centenar de empresas y dos millones de empleos. Otro punto a tener en cuenta son los empleados afectados por ERTE y que se encontrarán con la desagradable sorpresa de que, muchos de los que no estaban obligados a presentar declaración tendrán que hacerlo porque al cobrar de la Seguridad Social, ya que Hacienda entiende que han tenido, al menos, dos pagadores.
Pero Hacienda no está dispuesta a reducir la recaudación y por eso ha disparado el incentivo a sus inspectores. Tal y como han publicado varios medios de comunicación, Hacienda ha pactado con los sindicatos el plan de retribución que establece un bonus de hasta 1.000 millones de euros con el objetivo de incrementar la recaudación de IRPF e IVA. El plan establece una cuantía de 75 millones garantizados y otros 25 millones más si se alcanzan todos los objetivos y si se adjudica el volumen total de crédito que asigna el Miinisterio de Hacienda para complementar las exigencias de productividad, según recogía este martes Expansión.
Otra fórmula recaudatoria que ha sido considerada inapropiada por parte del Supremo ha sido la arbitraria decisión de revisar al alza el acuerdo de compraventa de vivienda para incrementar el importe a cobrar en concepto de Actos Jurídicos Documentados. O sus habituales cambios de interpretación de la norma, según los cuales lo que permitía hacer el año pasado, este año no y, por lo tanto, requiere al contribuyente lo de este año y lo del año pasado y, además, aplica una sanción literalmente por haber cumplido con sus exigencias el año anterior.
Es más. “Aunque hagas alegaciones en contra de un requerimiento de Hacienda con bases sólidas, y pruebas incontestables de que ese requerimiento no procede, la Administración tributaria suele no darte la razón y obligarte a, si quieres, intentar ganar el caso en los tribunales. Como en muchas ocasiones, el proceso judicial te cuesta lo mismo que te están requiriendo y te vas a eternizar en el tiempo, el contribuyente termina pagando”, nos cuenta un asesor fiscal.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la pròrroga fins al 31 de maig dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms. Pel que fa als ERTO, el Ministeri de Treball va tancar fa una setmana un acord amb els sindicats i la patronal per allargar la mesura quatre mesos més, ja que l’última pròrroga acabava el 31 de gener.
El Gobierno estableció una cláusula de “salvaguarda del empleo” ligada a los ERTE que obliga a las empresas a mantener plantilla, con algunas excepciones, durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad tras aplicar un expediente. Además, prohibió los despidos objetivos por la COVID-19, en un intento de restringir la destrucción de empleo dadas las herramientas de flexibilidad interna y las ayudas puestas a disposición de las empresas.
La prórroga de junio también detalló la consecuencia del incumplimiento de la salvaguarda en cuanto a las exoneraciones sociales de las que se hubiera beneficiado la empresa. “Deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes”, recogía el texto.
Trabajo argumenta que la medida se justifica por su “carácter excepcional”, tanto de los ERTE como del compromiso de mantenimiento del empleo asociados a estos, y puntualiza que no es una sanción propiamente dicha, por lo que no está sujeta al principio de “proporcionalidad”. Además, considera que el reintegro de las cotizaciones sólo respecto de las personas que fuesen despedidas no se correspondería “con el objetivo perseguido” y “provocaría el despido de aquéllas por razón de una menor o mayor cuantía del reintegro”.
Lo que sí ha aceptado el Gobierno es alargar la nueva prórroga hasta el 31 de enero, para que la finalización no coincidiera en plenas fiestas navideñas. En cualquier caso, el plazo de tiempo no será uno de los escollos de la negociación, ya que la puerta a otra nueva extensión quedaría abierta. Sí es una línea roja la limitación de los ERTE por sectores que proponen ahora, ya que sindicatos y empresarios aseguran que muchas empresas que necesitan estas ayudas se quedarían fuera. «Tenemos que atender a la gente que más lo necesite y a la gente que está cerrada», reiteró este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que alertó de que la situación ahora se agrava por los rebrotes, lo que provoca que haya «muchos sectores afectados».
Además, la nueva norma introduce un elemento nuevo por si se produjeran rebrotes, a la vista de lo que está ocurriendo. Si sucede eso en un determinado territorio, se volverá a proteger a la empresa y al empleo y si la compañía solicita un ERTE por fuerza mayor a la Administración, tendrá mayores exoneraciones: un recorte en las cuotas del 80% para las más pequeñas y del 70% para las de más de 50 trabajadores.
