REDACCIÓ19 Gener, 2021
La Sala de lo Social ha confirmado la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza del Banco de España que obliga a sus trabajadores a entregar la declaración del IRPF en procesos de verificación de operaciones financieras privadas, al considerar que esta exigencia vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal.
La Sala afirma que la declaración del IRPF permite conocer “no únicamente los datos económicos del afectado, sino todo un haz de datos que aparecen en la misma como pueden ser los referentes a su religión, pertenencia o no a un sindicato, ideas …, datos que, a tenor de la LOPDP 15/1999, de 13 de diciembre, aplicable por razones cronológicas, son datos especialmente protegidos”.
El tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el BANCO DE ESPAÑA y la FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS -CCOO-SERVICIOS- contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017, que desarrolla el Código de Conducta para el personal del Banco de España.
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El párrafo anulado establece que la Unidad de Cumplimiento Interno del Banco de España podrá solicitar a los empleados una copia de las declaraciones del IRPF o datos fiscales para comprobar la concordancia con la información previamente comunicada.
La Sala rechaza la alegación del Banco de España relativa a que no es necesario el consentimiento del trabajador cuando se ejerce una facultad empresarial. Añade que las facultades del empresario de control de la actividad de sus trabajadores “no son omnímodas, tienen el límite de que en su ejercicio se ha de respetar la dignidad del trabajador”. Sobre esta misma cuestión, afirma que el poder de dirección que el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores otorga al empresario “no justifica “per se” que no haya de recabarse el consentimiento de la persona trabajadora en determinados supuestos”.
También asegura que las Orientaciones del BCE 2015/855 y 2015/856, artículos 5 y 3.3 imponen a los bancos centrales del Eurosistema obligaciones de supervisión del cumplimiento de las normas contenidas en la Orientación y comprobaciones de su cumplimiento, bien de forma periódica o ad hoc, pero no establecen con carácter general el que el Banco pueda reclamar a cualquiera de sus empleados sus declaraciones de IRPF o sus datos fiscales.
Así, precisa que lo que se impone es una obligación de supervisión pero no la forma en la que la misma ha de llevarse a cabo, quedando a la decisión del Banco de España la forma de realizar la supervisión y comprobación del cumplimiento de las normas de la Orientación. Por último, considera que la medida exigida por el Banco de España no supera el triple juicio constitucionalmente exigido de ser idónea, necesaria y proporcionada.
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En definitiva, -concluye la Sala- “no existiendo habilitación legal para que el Banco de España pueda solicitar a sus empleados sus declaraciones de IRPF de hasta cuatro ejercicios, ni mediando consentimiento de los interesados, la disposición contenida en el artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017 vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal”.
Por otro lado, el tribunal rechaza que la autorización previa exigida por el Banco de España a sus trabajadores para realizar determinadas actividades extralaborales –dirigir cursos, conferencias, creación literaria, participación en coloquios, programas- cuando versen sobre situaciones financieras, bancarias u otras relacionadas con las funciones de la entidad; concesión de entrevistas o suministro de informaciones o valoraciones relacionadas con el trabajo vulnere el derecho a la intimidad, al honor y a la libertad de expresión e información, como sostiene la FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS en su recurso.
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Los anuncios de los bancos deberán ser a partir de ahora legibles y claros en su totalidad, también en relación con la información que aparezca en la letra pequeña. El Banco de España ha actualizado la regulación de la publicidad de los productos y los servicios bancarios a través de una circular en la que se obliga a las entidades a asegurarse de que toda la información contenida en un anuncio, incluidas las aclaraciones o las advertencias legales, que suelen aparecer en la letra pequeña, son percibidos en su totalidad por los potenciales clientes.
La nueva norma, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre, especifica cuáles deben ser los criterios a los que se ajuste la publicidad bancaria, ofreciendo, incluso, el detalle del tamaño mínimo que debe tener la letra en un anuncio emitido en los diferentes formatos (prensa, folletos, audiovisuales, cartelería, moviliario urbano, vallas publicitarias…).
Además, el Banco de España especifica muchos otros criterios con los que debe cumplir la publicidad bancaria. Por ejemplo, indica que si una oferta contenida en un anuncio tiene un plazo de vigencia determinado se debe explicar claramente y si esa oferta está condicionada a que se alcance un volumen determinado de contrataciones o hay alguna limitación debe aclararse también.
