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Veintiún minutos antes de las ocho de la mañana tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha. Otras siete lo hacían después en otros convoyes aquel 11 de marzo de 2004, el día de la mayor acción terrorista de España, que inundó de solidaridad el país y también lo sacudió a tres días de unas elecciones.
Unas 192 personas fueron asesinadas en los atentados perpetrados por una célula de terroristas de Al Qaeda: 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha; 63 en el que lo hizo frente a la calle Téllez; 65 en el de la estación de El Pozo; 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales, la última en 2014 tras permanecer en coma diez años. Más de 1.800 viajeros resultaron además heridos.
Dieciocho años después, nadie duda de que las fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y también la ciudadanía respondieron con creces a la mayor emergencia que hasta el momento había sufrido España, un antes y un después en la respuesta a un atentado y en la lucha contra un terrorismo que veíamos lejano, más acostumbrados a combatir a ETA.
Del 11M quedarán imágenes colectivas como las de decenas de vecinos en pijama auxiliando a los heridos, autobuses convertidos en improvisadas ambulancias y cientos de ciudadanos que dejaron su trabajo o sus clases en la universidad para donar sangre. Pero la masacre yihadista deja para la historia unos días frenéticos también en la escena política. Con la autoría de los atentados difusa en las primeras horas, los partidos suspendieron sus campañas a tres días de la celebración de elecciones generales.
Desgraciadamente, también en este tiempo España ha vuelto a sufrir un atentado. El 17 de agosto de 2017 una célula yihadista asentada en Ripoll (Girona), integrada por jóvenes que habían sido radicalizados por el imán de la localidad, causaban 16 muertos: 14 en Las Ramblas de Barcelona arrollados por una furgoneta, un apuñalado en Barcelona y otro en Cambrils.
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