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El aumento de la morosidad como consecuencia de la crisis ha sido el gran temor de la banca en los últimos meses de pandemia. El sector cree que en 2021 llegará el pico de tensión en los impagos, coincidiendo con el vencimiento de las moratorias. Y muchas entidades se preparan ya para una ola de ejecuciones que llegará si las empresas y familias no son capaces de remontar su actividad.
Fuentes del sector indican a Invertia que la prioridad sigue siendo ayudar a los afectados, con el lema ‘somos parte de la solución’ como principal estandarte para los próximos meses. Sin embargo, la banca no puede permitir mucha más presión en sus balances si no quiere que la crisis sanitaria, que ya es económica, acabe siendo una crisis financiera.
El foco está centrado ahora en cómo gestionar los préstamos concedidos con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de las moratorias a hipotecas y consumo. En el caso de los primeros, el periodo de carencia se estableció en un año. Como estas ayudas empezaron a entregarse entre marzo y abril, será en esos mismos meses, pero de 2021, cuando los clientes tengan que empezar a pagar.
El problema es que con las previsiones macroeconómicas sobre la mesa, muchas empresas no habrán tenido tiempo (ni forma) para recuperarse del golpe de la Covid-19, incurriendo, irremediablemente, en los temidos impagos.
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Ante esta situación, y aunque la banca está dispuesta a ayudar, en los corrillos de las entidades empieza a notarse cierto nerviosismo ante la evidencia de que si los impagos llegan, tendrán que empezar a ejecutar los préstamos. “Si se convierten en créditos morosos que vamos a tener que provisionar, que nos consumen capital… tendremos que ejecutar”, indican desde una entidad financiera nacional.
Esta valoración se repite prácticamente en todos los bancos consultados que, no obstante, dejan claro que su papel es ayudar y que cada cliente tendrá que hablar con su banco para buscar una solución.
De hecho, y según explican las fuentes, cuando venza el periodo de carencia, hay que esperar 90 días de impago para que esos préstamos pasen al cajón de dudosos. Será en ese momento cuando las entidades tengan que provisionar la parte no cubierta por el ICO. Es decir, entre un 40% y un 20% del préstamo (entre el 60% y el 80% está cubierto por las garantías públicas).
Claridad antes de marzo
“Claro que puede ser una escabechina”, reconocen desde otra entidad al ser preguntada por esta situación. “Después del esfuerzo realizado, no puede ser que todo termine con los bancos embargando bienes de quienes no pueden pagar”, insisten.
Desde el sector matizan, no obstante, que existe una opción de realizar novaciones en las operaciones avaladas por el ICO para ampliar la carencia, “sin necesidad de que el Gobierno sea quien apruebe nuevos plazos”. Pero también advierten de que “no existe una regulación clara al respecto”.
Por eso, piden que el Ejecutivo “afine este punto antes de marzo, pues es importante que, como ocurre ahora, las ampliaciones de carencia tengan respaldo contable y el supervisor no obligue a dotar provisiones como si fueran dudosos”.
“Aunque los bancos siempre buscamos alternativas a la ejecución, si finalmente no hay más solución posible y no se puede optar por ampliar la carencia porque iba a resultar igualmente impagado, habrá que ejecutar los préstamos”, aseguran.
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