Arxius de Sálvame | Diari La República Checa

Cuando un policía con claves de acceso -no todos las tienen- se adentra en las bases de datos donde se almacenan detalles de la vida los ciudadanos aparece un cartel que pone: «Aviso Legal. Este fichero está sometido a la Ley de Protección de Datos de Carácter personal. Cada usuario habilitado es responsable de mantener la custodia y secreto de las mismas, poniendo los medios a su alcance para que no sean conocidas o utilizadas por otras personas».

El policía jubilado Ángel Jesús Fernández Hita sorteó estas letras de forma casi diaria y distribuyó información de centenares de famosos durante años a periodistas de Sálvame, según consta en el sumario de la «Operación Deluxe». Ahora tanto él, como la propia productora del programa ‘La Fábrica de la Tele’ y colaboradores como el periodista Gustavo González se encuentran imputados por presuntos delitos de revelación de secretos.

El 24 de abril de 2017 Fernández Hita consultó un atestado policial del hijo de la cantante Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano. No era ni la primera ni la última vez que había tecleado nombres conocidos en bases con datos confidenciales. Lo que jamás sospechó es que esta búsqueda iba a poner en sobre aviso a sus compañeros de la Unidad de Asuntos de la Policía. Una unidad que se encarga de indagar en las actividades delictivas de «polis malos», que trafican con droga, que cobran de mafiosos o que no hacen bien su trabajo. Pero investigar la actividad de un policía con Sálvame era algo que ni ellos mismos podían ver venir.

Las alarmas saltaron porque la colaboradora fallecida Mila Ximénez dio una serie de datos en directo en Telecinco sobre José Fernando Ortega Mohedano que solo podía saber si había tenido acceso a los informes de la Policía. Asuntos Internos hizo una serie de comprobaciones y vio que a este expediente había accedido Fernández Hita. Pusieron entonces los ojos sobre las consultas que éste hacía y llegó la sorpresa.

La hermana de Miguel Bosé, el hijo de Kiko Matamoros, la modelo Aida Artiles y un largo etcétera de rostros famosos que miraba día sí y día también. Los agentes empezaron a conectar fechas. Por ejemplo, la indagación de Fernández Hita en el nombre del cantante Rayden aparece cuando en la televisión se le relaciona con una periodista; o las consultas sobre David Bustamante y Miguel Torres se producen durante el divorcio de la actriz Paula Echevarría.

Emplea tres bases policiales distintas. En Argos bucea en nombres, documentos de identidad, controles de fronteras, vuelos, barcos, titulares de móviles; en Sidenpol analiza datos de denuncias y atestados policiales; y, en Objetos, que es una base de datos con conexión a la Dirección General de Tráfico (DGT), consulta todos los vehículos matriculados, características, titulares, etc.

Una de las cosas que más mosqueó a los agentes fue algunas búsquedas más «alarmantes». Fernández Hita buscó entre los apellidos Borbón y Grecia en las mismas fechas en las que se publicó una posible denuncia interpuesta por la infanta Cristina al periódico El Jueves. Y no fue la única relacionada con el Rey Juan Carlos, también miró el nombre de Mohamed Kayali, un magnate sirio al que se le relaciona con el monarca. Analizó los coches en propiedad de Pablo Abejas Juárez, un director de Economía de la Comunidad de Madrid al que se le vinculó con las Tarjetas Black e indagó en la condenada por el asesinato del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada e algunos periodistas.

Con todo esto sobre el papel, Asuntos Internos elaboró un informe que remitió a los Juzgados de Plaza de Castilla para pedir al juez competente que les permitiera pinchar el teléfono de Fernández Hita. Obtuvieron el primer sí.

Hasta aquí la Policía no sabía bien las manos a las que iba a parar toda esta información, pero del registro de llamadas salieron 17 nombres de periodistas o personal de Telecinco: Belén Esteban, María Patiño o Kike Calleja, entre otros. Y uno, concretamente, resaltó por la fluidez de los contactos: Gustavo González, a quien, después, también le intervendrían el teléfono.

A partir de este momento la Policía se pone frente al televisor cada tarde y va conectando detalles que salen de sus archivos rumbo a Sálvame. En el sumario aparecen capturas del programa por ejemplo del 26 de junio cuando Kike Calleja amenaza al maestro Joao con que ese día «le van a pasar una documentación con información comprometida sobre él». Efectivamente Fernández Hita accede a detalles policiales del concursante de Supervivientes y, dos días después, el reportero difunde los pormenores de dos denuncias en televisión.

Para entonces ya Asuntos Internos tenía plena conciencia del «modus operandi» de esta red de información. No solo por las conversaciones que escuchan en los teléfonos pinchados, sino porque también están haciendo seguimientos. Policías de incógnito fueron esos días a restaurantes cercanos a Mediaset donde veían que el agente quedaba con Mila Ximénez, Terelu Campos o el propio Gustavo que luego aparecían en pantalla con documentos oficiales del Ministerio de Interior.

En el sumario constan contactos a Gustavo de otros programas, como Cazamariposas, que lo llama el 12 de julio de 2018 para pedir información sobre «Corinna». Él dice que le dé un rato que va a llamar a dos policías «que uno de ellos es amigo de Villarejo [comisario que está siendo investigado en la Audiencia Nacional]». Así, los agentes defienden que los periodistas actuaban en connivencia con los directores de los programas a los que también imputan hechos delictivos.

A golpe de informes al juez Marcelino Sexmero, éste les va concediendo todo lo que piden porque los indicios son sólidos hasta que a finales de 2018 se produce el primer gran golpe de la operación. Entre los días 3 y 5 de octubre los agentes detienen a Ángel Jesús Fernández Hita, Gustavo González y Kike Calleja; así como comunican a otros colaboradores como Mila Ximénez su condición de investigada. Después de los registros de sus viviendas los dejan en libertad. Pero la investigación no terminó ahí. Más de dos años después la «Operación Deluxe» continúa viva en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid que debe ahora desenmarañar hasta dónde se adentran los límites del periodismo y en qué lugar chocan con la revelación de secretos.

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